El Senado de EU arremete contra universidades con fines de lucro

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Por si quedaban dudas, las universidades con fines de lucro son un fraude educativo con altísimos costos para sus estudiantes y para el público en general. Éstas son las conclusiones de un nuevo estudio comisionado por el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado estadounidense

y presentado al público el 30 de julio: For Profit Higher Education: The Failure to Safeguard the Federal Investment and Ensure Student Success (Educación con fines de lucro: el fracaso en el resguardo de la inversión federal y en asegurar el éxito estudiantil).

El reporte de 176 páginas, que viene acompañado de miles de páginas de documentos de apoyo, representa el estudio más completo jamás realizado sobre estas instituciones de educación superior. Fruto de dos años de investigaciones – en parte por investigadores que se han hecho pasar por estudiantes – presenta una imagen espeluznante, aunque no totalmente desconocida, del sector for-profit en el país. Se enfoca en las 30 principales compañías educativas, que en su conjunto representan más de 10% de la matrícula en educación superior en el país.

El reporte coincide con fuertes protestas en Colombia y Gran Bretaña en contra de las universidades con fines de lucro. En ambos países, los gobiernos conservadores buscan dar paso a estas instituciones como una forma de aumentar la matrícula en educación superior sin aumentar el gasto público. Pero sus críticos, incluyendo las decenas de miles de estudiantes y profesores que han tomado las calles en el último año, advierten los peligros de dejar a la educación en manos de compañías sin vocación ni escrúpulos.

Es una lucha difícil. En los últimos años, las instituciones con fines de lucro estadounidenses han expandido exponencialmente a nivel internacional, generalmente a través de comprar acciones en universidades existentes. Así es el caso de Laureate Education Inc., una compañía con sede en Baltimore, Maryland, que es dueña de docenas de universidades en todo el mundo, incluyendo a tres en México: la Universidad del Valle de México (UVM), la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) y la Universidad de Desarrollo Profesional (UNIDEP). Juntas tiene más de 150,000 estudiantes de nivel superior y son de las universidades de mayor crecimiento en el país.

La compañía tiene una sola institución en Estados Unidos, Walden University, cuyas formas de operación dan pistas sobre cómo la empresa concibe a la educación superior. La universidad ofrece educación a distancia a 47,000 estudiantes desde su sede en Minneapolis, Minnesota. Al igual que las otras compañías investigadas por el Senado, gastó mucho más en reclutar a estudiantes que en educarlos en 2009: $2,330 contra $1,574. De hecho, su gasto en educación fue el segundo más bajo entre las compañías examinadas, mientras tuvo mayores tasas de ganancias: $1,915 por estudiante. En comparación, la Universidad de Minnesota, una institución pública, gastó $13,247 en instrucción por estudiante. A su vez, 51% de los estudiantes de licenciatura de Walden abandonaron después de 4 meses, aunque en el posgrado la tasa de deserción fue menor: 28%.

A pesar de este panorama poco alentador, el senador demócrata Tom Harkin, presidente del comité que ordenó la investigación, citó a Walden como una de las empresas con mejores rendimientos escolares. Es decir, hay quienes abusan aún más.

Pero no sólo es un problema educativo, sino de abuso de dinero público. Desde que la Universidad de Phoenix salió al mercado en 1976, el número y presencia de las empresas educativas ha crecido enormemente, y con ello, la proporción de fondos federales que van al sector. Sólo en la última década, la proporción de estudiantes inscritos en estas instituciones en Estados Unidos creció 225%, comparado con 32% en las instituciones de educación superior en general. A la vez, los fondos federales aumentaron de US$5 mil millones en 2002 a US$32 mil millones en 2010, según el reporte. Hoy, el sector recibe 25 `por ciento de los apoyos federales para estudiantes de educación superior.

El cambio es el resultado de dos factores: la creciente demanda por títulos universitarios y la falta de controles gubernamentales al sector. Como parte de la economía de conocimiento, surgió una creciente demanda por parte de estudiantes “no tradicionales”, es decir, los que asisten de tiempo parcial, que trabajan y que son mayores a 24 años. Hoy este grupo, la llamada “nueva mayoría estadounidense”, representa 73% de la matrícula de programas de licenciatura en el país. Muchos de ellos recurren a las universidades con fines de lucro, debido a la flexibilidad de los cursos, los laxos criterios de admisión (que en algunos casos son virtualmente inexistentes) y de aprobación, la cercanía de las sedes a sus lugares de trabajo, y la posibilidad de estudiar programas en línea. El propio reporte del Senado reconoce que el sector con fines de lucro tiene potencial de ser “la solución ideal” al problema del exceso de la demanda para estudiantes no tradicionales. Sin embargo, en su afán de lucro, las compañías han abusado de la necesidad de este segmento de la población, en muchos casos dejándoles hundidos en deuda y con pocas posibilidades de trabajo.

No es la primera vez que una instancia federal señale los abusos de este sector. El U.S. Government Accountability Office, que se encarga de auditar el uso de fondos federales, presentó los resultados de su propio estudio en octubre de 2011 alegando fuertes abusos por parte de estas compañías. Incluían prácticas engañosas de reclutamiento, en que las empresas mentían a los estudiantes prospectivos sobre las tasas de egreso de las universidades o del tamaño de deuda con que estarían comprometiendo.

El gobierno del presidente Obama ha buscado frenar esos abusos, al imponer reglas de financiamiento que reducen los fondos a instituciones que no mejoran sus tasas de egreso o de incorporación laboral de sus egresados. Pero ha enfrentado resistencia en el Congreso, sobre todo por parte de los legisladores republicanos, muchos de ellos recipientes de dinero de campaña por parte de las compañías con fines de lucro. Han defendido el sector, argumentando que los problemas de las for-profit también son presentes en las otras instituciones de educación superior, y que hace falta una reforma general.

La minoría republicana del comité del Senado también recurrió a ese argumento, al atacar a sus colegas demócratas en comentarios críticos incluidos en el reporte. Alegaron que fueron excluidos del proceso de investigación, que tacharon de poco objetivo al no incluir un análisis de las más de 4,500 instituciones de educación superior en el país. También acusaron a los demócratas de orquestar una especie de cacería de brujas en contra del sector.

Por su parte, la Asociación de Colegios y Universidades del Sector Privado, que representa a las for-profit, atacó el reporte como partidista y poco objetivo. “El reporte distorsiona los datos para lograr sus fines, comprobando que esto no más que una continuación de los ataques políticos en contra del sector privado”.

Pero no lograron convencer al senador Harkin. Insistió: “Estas prácticas no son la excepción, son la norma”.

Entre sus muchos aportes, el estudio da una explicación detallada sobre cómo estas compañías logran generar ganancias tan grandes. Para empezar, gastan más en mercadotecnia, publicidad y reclutamiento de nuevas estudiantes que en instrucción: 23% contra 17%. En general, las prácticas de reclutamiento suelen ser sumamente agresivas y poco éticas. También, reclutan fuertemente entre los soldados – incluyendo visitando a hospitales militares y centros de rehabilitación – como estrategia para aprovechar de fondos federales para miembros de las fuerzas armadas.

A su vez, la calidad de instrucción que imparten en general es bastante baja. La vasta mayoría de los profesores son de tiempo parcial y muchos cursos ni siquiera cuentan con su propio profesor, sino que utilizan ponencias grabadas. Al mismo tiempo, las empresas invierten mucho menos que otros tipos de universidades en apoyos académicos para sus estudiantes, a pesar de que muchos son los primeros en su familia en asistir a la universidad.

El resultado son altos niveles de deserción escolar, que deja a muchos sin la posibilidad de pagar sus préstamos estudiantiles. Un 47% de los morosos en los préstamos estudiantiles federales, definido como los recipientes que no hacen ningún pago en más de un año, son estudiantes de universidades con fines de lucro.

Ante tal panorama, ¿qué hay que hacer? El reporte propone las siguientes soluciones: mejorar la transparencia en el sector; fortalecer el seguimiento de fondos federales y prohibir su uso para mercadotecnia y reclutamiento; implementar protecciones para estudiantes contra abusos; e imponer estándares mínimos para los servicios escolares, incluyendo tutorías, apoyos financieros y ayuda para conseguir trabajo.

Sería un buen comienzo. Pero cualquier cambio en las reglas para el sector dependerá de los resultados de las elecciones federales en noviembre. El futuro de millones de estudiantes en todo el mundo está en juego.

 

Fonte

Marion Lloyd

Campus Milenio Núm 473 [2012-08-09]

http://www.ses.unam.mx/publicaciones/articulos.php?proceso=visualiza&idart=1645

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